09 agosto 2019

Derecho a la educación: los desafíos de la UNESCO


La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo que es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Eso supone emprender una educación de calidad orientada al desarrollo integral de los seres humanos.

La educación es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los niños y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que si todos los adultos del mundo completasen la educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50 por ciento.

La educación de calidad disminuye la brecha de género en beneficio de las niñas y las mujeres. Un estudio de las Naciones Unidas muestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10 por ciento.

Según la UNESCO, el derecho a la educación implica:
  • Educación primaria gratuita, obligatoria y universal
  • Enseñanza secundaria, incluso formación técnica y profesional, que sea ampliamente disponible, accesible a todos y de progresiva gratuidad
  • Educación superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad individual, y de progresiva gratuidad
  • Enseñanza básica para quienes no han completado su educación
  • Oportunidades de formación profesional
  • Una calidad homogénea en la educación mediante criterios mínimos
  • Formación y material didáctico de calidad para los docentes
  • Un sistema de becas y condiciones materiales adecuadas para el personal docente.
  • Libertad de elección

¿Cuál es la situación actual? 
La siguiente infografía nos muestra datos que nos incomodan y nos mueven a seguir bregando por políticas y acciones públicas comprometidas a garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.



¿Cómo trabaja la UNESCO para garantizar el derecho a la educación?
La UNESCO elabora, supervisa y promueve normas y criterios educativos a fin de garantizar el derecho a la educación en la esfera nacional y fomenta la consecución de los objetivos de la Agenda de Educación 2030. También se esfuerza por garantizar que las obligaciones legales de los Estados se reflejen en los marcos jurídicos nacionales y se traducen en políticas específicas. 

Fuentes: